La Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, trae consigo cambios significativos en la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito empresarial. Estas modificaciones afectan principalmente a la Ley General Tributaria, pero también imponen requisitos a los software de contabilidad y facturación utilizados por las empresas, los cuales deben ser certificados y adaptarse a un conjunto de medidas antifraude.
Uno de los cambios más destacados es la reducción del límite de pagos en efectivo de 2.500€ a 1.000€. Además, se han establecido nuevos requisitos para los programas de contabilidad y facturación con el objetivo de prevenir la emisión de facturas falsas y prácticas fraudulentas.
Con esta ley, las empresas se enfrentan al desafío de adaptar sus sistemas y procesos para cumplir con las nuevas regulaciones. En este sentido, comprender las implicaciones de la Ley Antifraude y tomar las medidas adecuadas es fundamental para mantener la transparencia, fortalecer la integridad financiera y evitar posibles sanciones.
¿Qué es?
La denominación exacta de esta ley es Ley 11/2021, de 9 de julio, de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Su propósito principal es prevenir la manipulación de datos en la gestión y contabilidad empresarial, evitando prácticas como la doble contabilidad o la omisión de ciertas transacciones. Esta legislación tiene un impacto directo en los procesos internos de gestión y en los programas informáticos utilizados para la facturación.
Como hemos mencionado anteriormente, establece requisitos que deben cumplir los programas informáticos usados en los procesos contables de facturación y gestión. Estos requisitos se centran en garantizar la «integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros» generados por el software.
¿A quién afecta?
La Ley Antifraude tiene un impacto directo en diversas entidades. En primer lugar, afecta a todas las empresas y autónomos que emiten facturas, con excepción de aquellas ubicadas en Canarias o en territorio foral, así como aquellas que estén acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII).
Además, la ley también impone responsabilidades a los fabricantes y comercializadores de software de contabilidad. Estos proveedores tienen la obligación de ofrecer a sus clientes soluciones homologadas por la Agencia Tributaria. Es decir, deben asegurarse de que el software que proporcionan cumpla con los estándares y requisitos exigidos por la legislación.
¿En qué te afecta?
Como resultado de esta ley, se requiere utilizar un software certificado por Hacienda que emita facturas con código QR y que se envíen automáticamente a la Administración Pública. Esto implica que las diferentes empresas deben asegurarse de contar con la herramienta adecuada para cumplir con esta exigencia.
¿Cuáles son los plazos establecidos?
El periodo voluntario de cumplimiento de la ley inicia el 01/07/2023. Sin embargo, a partir del 01/07/2024 comienza el periodo obligatorio, lo que significa que la ley entra en vigor completamente y podría haber sanciones por incumplimiento a partir de esa fecha.
¿Cuáles son las sanciones?
Las sanciones por incumplimiento de la Ley Antifraude varían entre 50.000€ y 150.000€ tanto para empresas como para los fabricantes de software que comercialicen programas no homologados por la administración.
- El incumplimiento de los requisitos de la ley en cuanto a la tenencia de programas o sistemas informáticos puede dar lugar a sanciones económicas significativas. En concreto, la posesión de programas no certificados o la alteración de programas certificados puede resultar en multas de 50.000€ por ejercicio.
- Los fabricantes, productores o comercializadores de software pueden enfrentar sanciones más severas. En caso de infracción, pueden ser sancionados con multas de hasta 150.000€ por ejercicio. Es importante tener en cuenta que estos actores están sujetos a un conjunto más amplio de conductas que se consideran infracciones.
- Además, aquellos obligados a certificar el software y que no cumplan con esta obligación pueden enfrentar sanciones de 1.000€ por cada sistema o programa comercializado sin el correspondiente certificado.
Es esencial para las empresas y fabricantes asegurarse de cumplir con los requisitos de certificación establecidos por la Ley Antifraude, a fin de evitar posibles sanciones económicas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
En definitiva, esta ley busca promover una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión contable y fiscal, fomentando la legalidad y evitando prácticas fraudulentas. Cumplir con esta legislación no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para fortalecer la confianza en el entorno empresarial y contribuir a un sistema fiscal más justo y equitativo. ¿Necesitas más información? ¡Rellena el formulario y nuestros expertos se pondrán en contacto contigo!