La Ley 2/2023 representa un hito significativo en el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en el ámbito laboral español. Publicada el 21 de febrero de 2023, esta legislación establece un marco legal robusto para la protección de los empleados que, valientemente, deciden dar un paso adelante para informar sobre irregularidades o conductas delictivas observadas en su lugar de trabajo.
Dirigida tanto al sector privado como al público, la ley busca erradicar la cultura del silencio y fomentar un ambiente donde la honestidad y la responsabilidad sean la norma. Al proporcionar canales seguros y confidenciales, esta ley asegura que los trabajadores puedan reportar infracciones sin temor a represalias, contribuyendo así de manera decisiva en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una sociedad más justa y transparente.
Tabla de contenidos
Aspectos fundamentales de la Ley 2/2023
Esta ley tiene como objetivo principal establecer canales de comunicación, conocidos como canales de denuncias o éticos, que priorizan el anonimato. Esta característica es crucial para convertirlos en herramientas fundamentales en el cumplimiento normativo (compliance) de empresas y Administraciones Públicas (AAPP). Esto se debe a que facilitan la revelación de infracciones graves que, de otro modo, podrían no ser reportadas por empleados y colaboradores por miedo a posibles represalias si su identidad es revelada.
Es importante aclarar que, aunque se hable de «denuncia» en relación con estos canales, su función es más bien la de alertar a la empresa o a la administración pública sobre cualquier conducta irregular o delictiva. Se enmarca dentro de una estrategia más amplia de prevención del delito y de mantenimiento de la integridad conductual en la organización. Por ende, implica la implementación de políticas y procedimientos, tanto internos como externos, que se ajusten al marco legal vigente y a los códigos éticos relevantes.
La gravedad del acto determinará si se debe poner en conocimiento a una entidad superior (como denunciarlo ante un órgano competente) o si puede ser manejado a través de un procedimiento interno.
¿A qué empresas afecta dicha ley?
La ley establece que todas las empresas con una plantilla superior a 50 empleados debe tener implantado un sistema interno de denuncias desde el 1 de diciembre de 2023. Este sistema debe asegurar la protección de la identidad tanto del denunciante como de cualquier tercero mencionado en la denuncia.
Asimismo, la ley es aplicable a todas las administraciones públicas en municipios con una población superior a 10.000 habitantes, las cuales también están obligadas a establecer dicho sistema de información interno.
¿Qué características debe cumplir el sistema interno de información?
El sistema de información debe ser capaz de recibir denuncias de manera escrita o verbal, o utilizando ambos métodos. Las denuncias pueden presentarse a través de medios físicos o electrónicos.
Es fundamental que el sistema garantice la confidencialidad del denunciante en todo momento.
En cuanto a las denuncias verbales, que pueden realizarse en persona, por teléfono o mediante sistemas de mensajería de voz, deben documentarse de alguna de las siguientes formas, siempre con el consentimiento previo del informante:
- Realizando una grabación de la conversación, que deberá ser segura, duradera y accesible.
- Haciendo una transcripción completa y precisa de la conversación, a cargo del personal encargado de manejar dichas denuncias.
El responsable del sistema, ya sea una persona o un órgano colegiado, debe actuar de manera independiente y autónoma en relación con otros órganos de la entidad u organismo. No debe recibir instrucciones de ninguna índole en el desempeño de sus funciones y debe contar con todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
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¿Me pueden sancionar por el no cumplimiento de la normativa?
Las infracciones conllevan la aplicación de las siguientes sanciones económicas:
- En el caso de infractores individuales (personas físicas), las multas serán: de 1.001 a 10.000 euros para infracciones leves; de 10.001 a 30.000 euros para infracciones graves; y de 30.001 a 300.000 euros para infracciones muy graves.
- Para las entidades (personas jurídicas), las multas serán: hasta 100.000 euros para infracciones leves; de 100.001 a 600.000 euros para infracciones graves; y de 600.001 a 1.000.000 de euros para infracciones muy graves.
¿Por qué implantar un canal de denuncias o canal ético?
A pesar de ser una exigencia legal, la implementación de canales de denuncias ofrece beneficios tanto tangibles como intangibles a empresas y AAPP.
En términos de igualdad y prevención del acoso, estos canales facilitan la denuncia de cualquier forma de desigualdad, acoso o violencia, contribuyendo a un ambiente de trabajo más seguro e inclusivo.
Desde una perspectiva económica, estos canales son herramientas valiosas para detectar conductas indebidas en sus etapas iniciales, lo que ayuda a prevenir el fraude y la corrupción interna en las organizaciones.
- Malversación de fondos.
- Tráfico de influencias.
- Sobornos
- Fraude financiero.
- Conflicto de intereses.
El detectar rápidamente dichos actos supone un ahorro de costes muy importante para las empresas.
La reputación corporativa es un activo clave en la actualidad. Presentarse como una entidad ética, segura y responsable no solo atrae a más clientes, sino que también es crucial para captar y retener el mejor talento humano. Implementar un canal de denuncias efectivo refuerza esta imagen de integridad y responsabilidad.
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Raúl Mula
Desarrollo de Negocio